"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI
“Capitales y mercancías tienen más garantías de movilidad en la Unión Europea que las personas con discapacidad”
23/09/2022
Blanca Abella - Fotos Jorge Villa (Servimedia)
La presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 es una oportunidad para que nuestro país gane “una cierta reputación de impulsora de las cuestiones sociales, de inclusión”, y el CERMI lleva más de dos años trabajando para lograrlo. Su presidente asegura en esta entrevista que siempre trabajan de manera propositiva y cooperativa, pero el Ejecutivo español apenas es receptivo. Reclama ese trabajo colaborativo, pues la Unión Europea está dando una respuesta a las demandas de las personas con discapacidad “muy pobre, falta de ambición, irregular, de bajo tono vital”. Como principal exigencia, Pérez Bueno plantea, antes de que finalice 2023, la necesaria regulación de la tarjeta europea de persona con discapacidad para otorgar mutua homologación a los reconocimientos oficiales de discapacidad de cada estado.
Llevamos más de dos años de preparación. Por desgracia, las cuestiones internacionales, las que concierne a la Unión Europea, son lentas y si se desea tener alguna incidencia, hay que echar mano de la previsión y la antelación y trabajar con aliento largo. Es el tempo europeo, por más impacientes que desde la discapacidad organizada seamos. CERMI debatió la cuestión, fijó posiciones, elaboró documentos, cerró una agenda política de avances para la discapacidad en esta Presidencia y lleva meses tratando de diseminarlas para que arraigue en las decisiones oficiales que finalmente se adopten.
¿Participa el CERMI en alianza con los responsables del Gobierno en estos preparativos?
El CERMI siempre es propositivo y cooperativo, sin desmedro de la exigencia a los poderes públicos, que son los responsables. Desde el primer momento, mucho antes incluso de que el Gobierno comenzara a ocuparse del tema, desde el sector de la discapacidad se les dirigieron nuestras propuestas, han podido conocer nuestra agenda política para el semestre de presidencia español. Otra cosa es que el Ejecutivo haya sido receptivo, que haya asumido que la discapacidad sea algo relevante. No está dando muestra de ello, por desdicha. Los contactos, las conversaciones, han sido insistentes por nuestra parte, pero por la otra detectamos pasividad, ausencia de criterios nítidos, de convicción incluso. En Presidencia de Gobierno y en el Ministerio de Exteriores hemos hallado al menos diálogo, pero por ejemplo Derechos Sociales no se ha significado en absoluto. Nos tememos que sea una presidencia española poco social.
¿Cuáles serían las principales demandas que trabaja el CERMI y considera viables en esta presidencia española?
La discapacidad requiere de muchas políticas e iniciativas para alcanzar unos derechos no siempre respetados, ¿cuáles son las otras demandas del CERMI, viables o no, que considera necesarias en el marco de la Unión Europea?
No renunciemos a una visión ambiciosa. A las organizaciones como la Unión Europea hay que pedirles en la medida en que pueden dar, y ésta puede ser mucho más generosa con las personas con discapacidad. Ahora es rácana, mezquina muchas veces. Europa debería ser la punta de la lanza de la inclusión de la discapacidad en el mundo, está en su mano, y sólo le faltan ganas, pasión. Hay atonía, no voluntad sincera de cambios perdurables. Pero no renunciamos, somos europeístas, porque nos constan las posibilidades del Continente, aunque su clase gobernante se conforme con la mediocridad.
La accesibilidad universal debe ser un elemento transversal en todas las políticas públicas de la UE y así debe ser también durante la presidencia de este segundo semestre de 2023, ¿está preparado el Gobierno para esta exigencia?
Los Gobiernos siempre van por detrás, parece su sino. Hay una demanda del CERMI, como es la creación de un Centro Europeo de la Accesibilidad, del más alto rango institucional, con sede en España, que el Ejecutivo español no ha tenido a bien hacer suya, que no está peleando. Algo relativamente sencillo, que puede quedar desaprovechado. Sin presión, sin liderazgo, en este caso de España, la Comisión puede recurrir a la treta de aparentar que hace algo, pero sin vigor, sin músculo, una mera pantalla. España puede empezar por ahí para demostrar de veras que la accesibilidad le importa más allá de los discursos.
En la Unión Europea, nuestro país es un ejemplo en el avance de políticas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ¿cree que esta ventaja puede contribuir a mayores logros a favor de la población europea con discapacidad en la presidencia española?
Nuestro gobierno parece abordar la desinstitucionalización con criterios más respetuosos con los derechos de las personas, ¿cree que podría servir de ejemplo para una apuesta europea similar de la mano de esta presidencia?
España apenas ha dado los primeros pasos y poco firmes en materia de desinstitucionalización. Algunos gestos, algunas acciones, muy tímidas por el momento, y que no hay seguridad de que se consoliden y vayan a más. Además, nuestro país lo tiene más fácil que otros, por cuanto nuestro número de personas institucionalizadas es significativamente menor que en otras naciones europeas, la dimensión de su reto es considerablemente mayor. Pero sí, de esta Presidencia Española debería quedar con claridad el compromiso de desplegar una estrategia europea de desinstitucionalización, dotada de fondos de procedencia europea, con objetivos, plazos, resultados. Que nadie con discapacidad viva allí donde no desee vivir. Esto es factible, en una década, a lo sumo en dos, lo podríamos conseguir.
España también ha encabezado políticas en defensa de las mujeres y niñas con discapacidad, ¿podría servir esta presidencia el impulso a las mismas en la agenda europea?
Debiera, sin duda. Quizás no directamente como consecuencia de la Presidencia Española pero sí con ocasión de la misma. Hay en debate iniciativas legislativas europeas de calado como la nueva Directiva sobre violencia contra las mujeres, que debería culminarse en este semestre, a impulsos de España, y en ella, la dimensión de las mujeres con discapacidad tendría que ser primordial. España podría blandir ese estandarte. Esperamos que tengan reflejos y quede al menos ese legado.
¿Cree que se logrará la declaración de 2024 como Año Europeo de los Derechos de las Personas con Discapacidad?, ¿qué esperanzas tiene el CERMI en esta oportunidad, si se lograra?
Si tuviera la oportunidad de elegir el cumplimiento de un sólo deseo y de una exigencia del CERMI, ¿cuáles serían?
Europa no está a la altura de su mejor versión, de la potencialidad a la que está llamada a desplegar si no asume de una vez que la respuesta que está dando a las demandas y anhelos de las personas con discapacidad es muy pobre, falta de ambición, irregular, de bajo tono vital. Ojalá esto, que es una evidencia, triste pero irrebatible, comenzara a cambiar de verdad. Incluso más que cosas concretas, el gran deseo es que se produzca ese giro, de mentalidad, de actitud, de que hay una deuda ingente con las personas con discapacidad, histórica, que hay que comenzar a saldar. Que comience el plan de pagos, que tardará aún, pero que es irreversible.
